CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR

1. Antecedentes

Trato de analizar los siguientes factores que influyen en la calidad de la democracia en el Ecuador: Estado de Derecho, rendición de cuentas electoral y la rendición de cuentas interinstitucional. No se investiga los otros temas importantes para la existencia de la calidad de la democracia, como son: la participación política, la competencia política, y los derechos de los ciudadanos.   

En la mayoría de los países latinoamericanos la democracia se circunscribe a la realización de elecciones, dejando de lado otros aspectos importantes, como: garantizar y promover los derechos de los ciudadanos, y materializarlos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La democracia es una organización de la vida política que convierte los derechos en ejercicios reales de los habitantes.

 

Por calidad de la democracia se entiende el conjunto de condiciones que permita analizar el desarrollo y características de una democracia en su práctica diaria. Levine y Molina dicen “La calidad de la democracia depende del funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla sus gobernantes, no de la eficacia del gobierno en la solución de los problemas del país”.

Sin embargo de que en los últimos treinta años América Latina ha vivido un período democrático,  continúa siendo la región más desigual del mundo, debido a la pésima distribución de la riqueza,

 

1.1 índices de calidad de la democracia.

A propósito del lanzamiento del documento sobre la calidad de la democracia en América Latina, preparado por la OEA y le PNUD en mayo del 2011, Helen Clark, Administradora del PNUD dice: “La democracia refuerza la libertad de elegir, participar, exigir la rendición de cuentas y la transparencia y el Estado de derecho esenciales para ampliar las oportunidades y opciones que tiene la población para vivir mejor, lo que redundará en el desarrollo humano.”

En el mismo acto, Heraldo Muñoz, Administrador Auxiliar y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD manifestó: “La democracia en América Latina ha vivido el periodo más prolongado de regímenes democráticos y designación de autoridades mediante elecciones. Pero hay un problema de calidad en nuestras democracias. Pese a los avances en la postransición democrática, se observa frustración ciudadana ante la desigualdad  en la distribución de la riqueza y en el ejercicio del poder, ante la débil participación popular en los asuntos públicos, la corrupción pública y privada, la inseguridad ciudadana y la debilidad estatal, entre otros aspectos. La región se encuentra en una encrucijada: debe dar un salto cualitativo de mejoras adicionales y de mayor ciudadanía, o de lo contrario, se ahondarán los déficits democráticos actuales”

A continuación se detalla los resultados de cuatro índices de la calidad de la democracia realizados en el año 2007, para los países de Latinoamérica, en los que Ecuador ocupa los últimos lugares.

·         En el índice de Freedom House del 2007 Ecuador tiene un valor igual a 3 de un rango del 1 al 7, y se  le cataloga como un  país semi-libre. Este índice evalúa el grado de libertad que gozan las personas, relacionadas con sus derechos políticos y las libertades civiles.

·         En el índice de desarrollo democrático en América Latina se ubica en el puesto 15 entre 18 países, correspondiente al grupo de menor desarrollo democrático de la región, con un valor de 3,206. Este índice considera cuatro dimensiones: atributos de la democracia formal, atributos de la democracia real, calidad institucional y eficiencia política, y el ejercicio del poder efectivo para gobernar.  

·         En el índice de democracia de Economist Intelligence Unit, Ecuador se encuentra en el puesto 92 a nivel mundial, dentro del grupo de países híbridos junto a Venezuela y Nicaragua, con un valor de 5,64 sobre 10,00. Para el cálculo de este índice se consideran los siguientes aspectos: procesos electorales y pluralismo (7,83), funcionamiento del gobierno (4,29), participación política (5,00), cultura política (3,13) y libertades civiles (7,94).

·         En el índice de calidad de la democracia en América Latina 2007 de Levine y Molina, Ecuador se encuentra en el puesto 17 entre 18 países, con un valor de 45,8 sobre 100,0. De acuerdo a Levine y Molina, este índice mide la calidad de la democracia en base a que “los ciudadanos participan informadamente en procesos de votación libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas; y exigen responsabilidad a los gobernantes, y por la medida en que éstos últimos son quienes efectivamente toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular”.     

2. Estado de Derecho

2.1 Seguridad y orden público

Uno de los problemas que, según los sondeos, más inquietan a la ciudadanía de nuestros países es el de la inseguridad pública, que afecta al derecho más elemental de todos: el derecho a la vida, y que finalmente provoca un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas

Si bien la violencia no es un fenómeno nuevo en el Ecuador, en los últimos años se ha incrementado notablemente, dejando el país de ser “la isla de paz” como se la llamaba anteriormente. Las encuestas afirman que la violencia es el principal problema que los ciudadanos sienten a nivel individual, mientras que en forma colectiva el principal problema es la falta de empleo.

Pero la gente siente en carne propia esa inseguridad, se han incrementado los homicidios en el país, de 6.5 homicidios por 100 mil habitantes en 1985, pasó a 19 en el año 2004. En una encuesta realizada por FLACSO en el año 2003 a personas mayores de 15 años en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca el 22% han sido víctimas durante los dos años anteriores a la realización de la encuesta, de alguno de los siguientes delitos: robo, ofensa sexual, ataque, robo de vivienda, robo de vehículo, soborno, fraude al consumidor. Según la encuesta Latino Barómetro 2007, sólo 7% de los ecuatorianos piensa que vive más seguro cada día, mientras que el 77% dice se estar muy preocupado y que piensa que puede llegar a ser víctima de un delito perpetrado con violencia.

Este incremento de inseguridad ha coincidido con la apertura del país, para que  personas de cualquier nacionalidad ingresen al Ecuador sin ningún tipo de visa. Cada día la Policía Nacional captura a bandas de criminales, en las que por lo menos hay uno o dos extranjeros. 

Otro de los fenómenos que incrementa la violencia es el funcionamiento de pandillas de jóvenes, que se han proliferado en las grandes ciudades. 

Un tercer aspecto que incide en este nivel de violencia tiene relación con  la cercanía de Colombia, con sus problemas de guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo. Oswaldo Jarrín, profesor investigador de FLACSO-Ecuador manifiesta “las poblaciones en las fronteras cada vez más se vinculan a las actividades del narcotráfico y otros actos delictivos por contagio, presión social o amenaza directa de las organizaciones delictivas". De acuerdo a una encuesta realizada por la agencia Informix en 2001, 70% de la ciudad fronteriza de Sucumbíos negocia con las FARC, uno de los grupo armados irregulares de Colombia vinculados al crimen y al narcotráfico. Además de mercancías, se venden armas y precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca que es utilizado en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo.

No se conoce los datos reales de este fenómeno debido a que un alto porcentaje de ciudadanos afectados no denuncia a las autoridades, debido a que no confía en la justicia, cree que es inútil denunciar y dar seguimiento a estos casos de violencia, por lo que estos delitos quedan impunes al desconocerlos

Ante esta situación el gobierno ecuatoriano, presionado por las demandas populares de contar con una mayor seguridad ha respondido con los siguientes argumentos:

·         La violencia es una sensación de inseguridad.

·         Los índices son menores a períodos anteriores.

·         En contadas ocasiones ordena que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional y participen en acciones contra la delincuencia.

·         Ha incrementado el número de policías y lo ha dotado de vehículos, equipos y comunicaciones

·         Ha endurecido las leyes penales.

Sin embargo, la violencia continúa…

2.2 Independencia y eficacia del Poder Judicial

Un sistema democrático se sustenta en la independencia de los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Poder Ciudadano.

“La Función Judicial del País está conformada por el Consejo de la Judicatura como su ente principal y por la Corte Nacional de Justicia. La representación jurídica la hace el Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de la representación institucional que tiene la Corte Nacional de Justicia.”[1]

El Poder Judicial es administrada por el Consejo Nacional de la Judicatura, que se encarga de analizar y juzgar la actuación de los magistrados y funcionarios de dicho Poder del Estado.

Desde hace varios años la política se introdujo en la Función Judicial. Desde la época del Presidente Febres Cordero, el Ejecutivo desconoció el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrada por el Congreso Nacional, quien incluso ordenó a la Policía Nacional que no permita ingresar a sus despachos a los nuevos miembros de la CSJ. Este problema se solucionó cuando el Congreso nombró nuevos integrantes de ese máximo organismo de justicia.

A partir de esa intromisión en la justicia, el Congreso Nacional ha reorganizado tres o cuatro veces más la Corte Supremo de Justicia, con el pretexto de que “es la última vez”, máxima que nunca se cumple.

Medardo Mora Solórzano, jurista ecuatoriano dice “En definitiva, la justicia es la única que vuelve viable el imperio de lo equitativo, de lo ecuánime, de lo sensato, de la igualdad ante la ley, pero todo ello es imposible si esa Función Judicial no goza de la independencia que con toda puntualidad y énfasis lo establece el Art. 199 de la Constitución Política del Estado ecuatoriano, que no sólo impone la prohibición de interferir en los actos y resoluciones de la Función Judicial, sino inclusive en la actitud de magistrados y jueces (incluyendo Auxiliares de la misma como el caso de Notarios, Registradores, Alguaciles, Depositarios, Actuarios, etc.) que sólo deberán responder en sus actuaciones a la Constitución, a la Ley y a su propia conciencia, en cuanto no pueden ser, en su inexcusable obligación de aplicar la ley, objeto de ninguna clase de presiones o influencias, pues su norma de conducta debe ser de irrestricto apego y respeto al derecho”

  

Uno de los instrumentos que garantizarían la independencia de este Poder del Estado es la carrera judicial, para que los magistrados, jueces y funcionarios judiciales accedan a los nuevos cargos mediante concursos de merecimientos y oposición y se elimine de esta manera, la injerencia política en su nominación.   

Otro aspecto muy importante para la independencia de este Poder del Estado es la autonomía financiera, que pese a estar contemplada en la Constitución no se cristaliza en la práctica, pues depende de las otras dos Funciones, de la Legislativa para aprobar su presupuesto operativo y del Ejecutivo para aprobar sus proyectos de inversión y desembolsar los recursos aprobados.

El 7 de mayo del 2011 el pueblo ecuatoriano decidió mediante referéndum aceptar la pregunta propuesta del Ejecutivo y “sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial”, por lo que en los próximos meses el Ecuador presenciará varios cambios en la composición de los tribunales de justicia, y esperemos que también lo sea en la “administración de justicia”, que hasta la fecha es lenta, ciega e inoperante.

 

2.3 Capacidad administrativa de las instituciones del gobierno

Para que un sistema político sea gobernable debe responder a las expectativas de los actores, aplicando las reglas del juego establecidas en el marco institucional.

Flavia Freidenberg, en su publicación La gobernabilidad democrática en Ecuador dice que “la eficacia es la capacidad del gobierno para encontrar respuestas a las demandas de la sociedad”, para lo cual es imprescindible que el personal que labora en el sector público ecuatoriano sea eficiente, expectativa de muy difícil realización, en vista de que las instituciones del Estado contratan y promueven a su personal con criterios de clientelismo político.

En los últimos cuatro años se han creado decenas de Secretarías de Estado, Ministerios, Subsecretarías, y se ha contratado 100.000 nuevos burócratas, hasta llegar a 400.000 personas que laboran para el Estado, con una nómina de 6.500 millones de dólares anuales.

La situación se agrava si se desea disminuir el número de personas en el sector público, una vez que una persona ingresa a la burocracia es muy difícil despedirla. En estos días el Ministerio de Economía y Finanzas está tratando de evaluar el desempeño de sus empleados y eliminar a los que no superan un examen de conocimientos, y realmente es una tarea sin muchas posibilidades de éxito. 

  

Para incrementar la eficiencia en el aparato estatal se recomienda modernizar las organizaciones del Estado, proveerlas de recursos humanos eficaces, mediante un riguroso proceso de selección, promoción y capacitación. 

2.4 Políticas contra la corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción conformada por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en su primer párrafo dice  "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos".

De acuerdo a informes de diferentes organismos multilaterales la corrupción causa cada año perjuicios calculados entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en el mundo, y según el "Barómetro" elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) la corrupción es un fenómeno generalizado en América Latina.

El informe de TI del año 2009, dice que los países latinoamericanos con mejores índices en el combate a la corrupción son Chile, Uruguay y Costa Rica y que el otro extremo se sitúan Nicaragua, Honduras, Paraguay y Venezuela. Con estos datos se puede ver que a mayor corrupción es menor la calidad de la democracia.

Las medidas previstas por los Estados miembros de la Convención Interamericana contra la Corrupción están destinadas a crear, mantener y fortalecer las/los:

1.    Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

Al inicio del período presidencial el discurso del Ejecutivo estaba orientado a combatir la corrupción, tema que ya no se promociona, pues cada mes existen otros temas más importantes en la palestra pública.

No se ha publicitado ninguna norma de conducta que motive el adecuado cumplimiento de las funciones públicas, sin embargo, se nota que las  instituciones públicas en general han emprendido cursos de capacitación para incrementar sus conocimientos en las materias de su competencia y en el trato a los usuarios.

Pero son casos aislados, no se trata de políticas de Estado contra la corrupción.

   

2.    Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

Se cambió la denominación y competencias de la Comisión Anticorrupción que funcionaba hasta el inicio del actual gobierno, ahora se llama Comisión de Transparencia, y depende directamente de la Presidencia de la República. Este organismo ha denunciado varios casos de corrupción, cometidos por funcionarios de gobiernos anteriores y también de este gobierno, mismos que se han detenido en las instancias superiores, ya sea porque la Asamblea Nacional no ejerce su función fiscalizadora (en cuatro años, solo ha ejecutado dos juicios políticos, en casos políticos, y ha desechado por lo menos diez casos planteados por la oposición), o porque se ha detenido en los Organismos de Control, Fiscalía o Juzgados Penales.      

 

Desde hace uno o dos años en varias instituciones públicas se exhiben carteles que dicen más o menos así “los servicios que presta esta institución son gratuitos, el empleado que lo atiende gana su sueldo y no requiere recibir nada adicional”. De igual manera, en varias instituciones públicas existen buzones semejantes a los de correos, destinados a receptar quejas sobre actos de corrupción o de mala atención.

No se han hecho públicos los resultados de estas iniciativas, pero estimo no son tan efectivos.    

3.    Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4.    Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas.

Desde hace más o menos diez años está vigente una norma de la Contraloría General del Estado que obliga a los funcionarios públicos de alto nivel: ministros, subsecretarios, directores y asesores, a que suscriban una declaración notariada de su estado de situación económica, con datos de activos y pasivos, tanto a la fecha de la posesión como de la separación del cargo.

Se extendió la aplicación de esta norma para todos los personas que ingresan a laborar en el sector público, ya sea en la modalidad de nombramiento, como de contrato.  

5.    Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

En el año 2008 se promulgó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las instituciones del sector público.

Las instituciones públicas realizan sus compras utilizando los servicios del Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, mediante los procedimientos de: inscripción de empresas o personas en la lista de  proveedores del Estado, preparación de bases, elaboración de pliegos, compras electrónicas, registro electrónico en el INCOP de todo el proceso de contratación.      

Esta ley ha permitido ahorrar millones de dólares al Estado Ecuatoriano, sin embargo, debe realizarse ciertos ajustes a la ley, que le permitan mejorar la calidad de los bienes y servicios que el Estado adquiere, buscando alguna forma que considere no solamente el precio, sino también la calidad del bien o servicio, y además, el soporte y mantenimiento que brinda la empresa proveedora.  

6.    Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7.    Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones.

8.    Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

9.    Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

2.5 Respecto de los derechos civiles por parte de las fuerzas de seguridad.

Existen varios casos de violación de los derechos humanos que se responsabilizan a la Policía Nacional y que están en etapa de investigación.

Hasta la fecha, no existe la plena confianza de la ciudadanía en la labor de la Policía Nacional.

3. Rendición de Cuentas Electoral

Se trata de analizar si el diseño electoral institucional a mejorado los comportamientos y prácticas de los principales actores políticos y fomentado la falta de funcionalidad y estabilidad en las reglas del juego normativos.

 

3.1 Elecciones

Uno de los requisitos mínimos de la calidad de la democracia consiste en “que las elecciones sean libres, imparciales, competitivas y que lleven a la designación de funcionarios que ejerzan poder real”.[2]

La Función Electoral está conformada por: a) Consejo Nacional Electoral CNE, encargado de “organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales”[3],  y b) el Tribunal de lo Contencioso Electoral TCE, encargado de administrar la justicia electoral. 

El Ecuador es un país con elecciones permanentes, ni bien se proclaman resultados de una elección ya se está planificando otra, en los últimos cinco años se han realizado seis procesos electorales:

·         Elecciones de Presidente de la República (dos vueltas) en el abril y junio del 2006 y de diputados

·         Consulta Popular del 15 de enero del 2007, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea que prepare una nueva Constitución de la República.

·         Elecciones de Asambleístas encargados de preparar la nueva Constitución de la República, realizada el 30 de septiembre del 2007.

·         Referéndum 2008, realizado el 28 de septiembre de dicho año. El objetivo de este referéndum fue la aprobación o rechazo del proyecto constitucional redactado por la Asamblea Nacional Constituyente. 

·         Elecciones de todas las dignidades el año 2009, Presidente de la República (dos vueltas), Parlamentarios Andinos. Parlamentarios Latinoamericanos, Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales, Alcaldes, Prefectos Provinciales, Concejales Municipales, y miembros de Juntas Parroquiales Rurales.

·         Referéndum - Consulta Popular el 2011, en diez preguntas, conteniendo cambios a la Constitución (5) y otras preguntas (5).

La operatividad electoral se manifiesta en la organización y ejecución de todas las actividades necesarias para la realización de un proceso electoral, que incluye las siguientes actividades: actualización del padrón electoral, inscripción de candidatos, designación de miembros de juntas receptoras del voto, capacitación de votantes y de miembros de juntas receptoras del voto, proceso de votación y de escrutinio, recursos de apelación e impugnación de resultados.

Es necesario que el Consejo Nacional Electoral demuestre a la ciudadanía, a través de sus Resoluciones, que  mantiene total independencia de la función Ejecutiva y su origen no les liga con las otras funciones del Estado. Estas actitudes llenarán de transparencia a sus actos y les dará la credibilidad tan necesaria para la Función Electoral.  

   

3.2 Sistema electoral.

Una de las características fundamentales del sistema político ecuatoriano ha sido la inestabilidad política que repercute en la inseguridad jurídica institucional. En aproximadamente 181 años como República del Ecuador se han creado 21 CONSTITUCIONES, lo que nos lleva a deducir que por cada 8 años y medio el sistema gesta una nueva Carta Fundamental y unas nuevas reglas de juego. Cito a Pachano 2007; Mejía 1996; y Freidenberg 2008, que dicen “En cada ocasión, las élites y los ciudadanos actúan como si el cambio de reglas de juego fuera el espacio de resolución de todos sus males, cómo si para cambiar el comportamiento de los actores bastara con reformar leyes y Constituciones. Esto ocurre aún cuando la violación de lo que dice la ley o la acomodación de las normas a los intereses particulares es una práctica común de los actores estratégicos”.  

A continuación detallo algunos cambios de la ley de Elecciones.

·         Desde el regreso a la democracia en el año 1979, cada elección ha tenido una fórmula diferente de asignación de escaños. En una ocasión se  utilizó el método de mayoría y en las otras métodos de asignación proporcional como: Hont, Hare, Imperiali, Ponderador Exacto, y otras.    

·         Se ha cambiado la conformación y en ocasiones hasta el nombre del Congreso Nacional, en ocasiones se ha considerado la presencia de diputados nacionales y en otras solo con diputados provinciales; el tamaño del congreso ha variado desde 70 hasta 121 Diputados.

·         Se ha cambiado el tiempo de duración de los mandatos, en 1979 el  Presidente de la República duraba cinco años, y luego se rebajó a cuatro años. Los diputados provinciales duraban 5 años, luego 2 y al momento  duran 4 años.    

·         Se han incluido nuevas dignidades de elección popular: Parlamentarios Andinos, Parlamentarios Latinoamericanos, miembros de Juntas Parroquiales Rurales. Inclusive la Constitución de la República considera la elección de algunas dignidades que pueden implementarse en el futuro, como son: Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes Distritales y Concejales Distritales.

·         Han cambiado los requisitos para los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular.

·         Se ha cambiado varias veces la estructura del voto, de listas cerradas, se pasó a listas abiertas.

·         Posibilidad de reelección para todas las dignidades. Durante varios años sólo existía la posibilidad de reelección para otra dignidad, y los diputados nacionales participaban como candidatos a diputados provinciales, y viceversa.

·         Varias veces se ha cambiado la magnitud de los distritos. En la próxima elección de enero del 2013, entrará en vigencia una nueva forma de distribuir el país en distritos.

·         En la elección del año 2004 se incluyó el voto para los ecuatorianos que residen en el Exterior.

·         Desde la elección del 2009 se incluyó en el padrón a las personas comprendidas entre 16 y 18 años, militares y policías.

·         Cada Constitución se cambia la fecha de posesión de las dignatarios electos, lo que conlleva cambiar la fecha de las elecciones.

·         También han cambiado los niveles de gasto electoral y el umbral electoral.

·         A partir de la elección del 2006 el Estado financia la propaganda de los candidatos a través de franjas publicitarias.

·         Participación de candidatos independientes

En definitiva, los legisladores han aprobado tantos cambios, en su mayoría inconsultos, sin otro objetivo que satisfacer los intereses coyunturales de su partido, para que les ayude en esa elección, aunque probablemente ya no en la siguiente, debido al cambio de las condiciones políticas y electorales.

        

Estos cambios a la estructura general electoral fomentaron el debilitamiento de los partidos políticos a nivel nacional y los convirtieron en fortines políticos a nivel cantonal o provincial.

Los cambios constitucionales tenían como objetivo fortalecer los partidos políticos y el Sistema de Partidos, eliminar el personalismo y reducir la fragmentación de la representación política. Sin embargo, no se consiguió ninguno de estos objetivos, continuaron las condiciones de ingobernabilidad, se incrementó el número de partidos y movimientos políticos, y no se logró la lealtad de los electores a los partidos políticos. 

 

3.3 Información plural e independiente

“La calidad de la democracia depende directamente de la medida en que los ciudadanos alcancen el mayor y más igualitario nivel de información posible.

Mientras más igualitaria y más abundante sea la distribución de recursos cognitivos tales como educación e información, más probable será que las decisiones políticas de los ciudadanos estén acordes con sus intereses, también será más probable que los ciudadanos estén en capacidad de tomar esas decisiones conociendo sus consecuencias potenciales, de modo que estos recursos son determinantes para que los ciudadanos puedan tomar una decisión política informada, y por lo tanto también para la calidad de la democracia”.[4]

Con la finalidad de frenar el excesivo gasto en propaganda de los candidatos a Presidente de la República, y con la aspiración a que todos los candidatos tengan igual oportunidad de dar a conocer su plan de gobierno, a partir de la elección del 2006 el Estado financia la propaganda de los candidatos a través de franjas publicitarias, y no se permite ninguna propaganda adicional.

En las elecciones del año 2009 el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, gastó 50 millones de dólares en la propaganda de todos los candidatos a todas las dignidades de elección, a excepción de miembros de juntas parroquiales rurales.

Además, en época de elecciones el Consejo Nacional Electoral ejecuta una campaña de información cívica, con la finalidad de orientar, difundir y motivar la participación de los ciudadanos en la mencionada elección.

Por otro lado, los medios de comunicación a cargo del Estado[5], realizan entrevistas a personajes afines a las tesis del Gobierno, mientras que los medios de comunicación privados, lo hacen con los candidatos contrarios al Gobierno Nacional.

3.4 Libertad de organización de partidos políticos

La Constitución de la República del 2008 regula el funcionamiento de partidos políticos en el Ecuador, y obliga a todos los partidos y movimientos a inscribirse nuevamente, previo el apoyo de un 1% del total de ciudadanos que constan en el registro electoral.    

A la fecha, julio 2011 únicamente dos partidos se han reinscrito: Movimiento Popular Democrático MPD y Partido Roldosista Ecuatoriano PRE. El movimiento Pueblo Altivo i Soberano PAIS, partido del Presidente Correa, ha solicitado su reinscripción, que posiblemente se realizará en los próximos días, en vista de que ya se comprobó que contaba con el suficiente número de firmas de respaldo.

El resto de partidos y movimientos políticos se encuentran en proceso de reafiliación, para cumplir con el mínimo requerido en la ley, tarea que es muy difícil de cumplir, por lo que se espera que en las elecciones de enero del 2013 no participen más de seis partidos o movimientos políticos, número mucho más pequeño al observado en anteriores elecciones, en que llegaron a participar catorce binomios para Presidente de la República.      

 

3.5 Sistema de partidos y presencia de partidos de oposición.

En Ecuador rige el multipartidismo, cinco o seis partidos han tenido una activa participación en el período 1978-2006, los gobernantes actuales los denominan “la partidocracia”. Los presidentes de la República elegidos en las urnas han pertenecido a los siguientes partidos: Concentración de Fuerzas Populares CFP (1979), Partido Social Cristiano PSC (1984), Izquierda Democrática ID (1988), Partido Unión Republicana (1992), Partido Roldosista Ecuatoriano PRE (1996), Democracia Popular DP (1998) y Sociedad Patriótica (2002). Como se ve ningún partido ha ganado las elecciones en dos ocasiones.

Los partidos políticos participan en pocas provincias, máximo uno o dos lo hacen en todas las provincias. Ellos han cumplido con la ley electoral que exigía la participación en cinco provincias por lo menos, dos de las cuales debían ser las de más población. Esta situación ha formado y fortalecido a partidos regionales, en detrimento de partidos nacionales. Además, un partido tiene más fuerza en la ciudad o provincia de nacimiento del líder/candidato del partido, mientras que en la otra ciudad principal no cuenta con mucho apoyo. Por lo tanto, los legisladores no velan por los intereses nacionales, sino regionales y en algunas ocasiones provinciales, pero sobre todo por intereses de clases o de grupos económicos, que  los ha unido más que los intereses partidistas.

A partir de las elecciones del año 2002 empezó la decadencia de los cuatro partidos más importantes del período democrático 1979-2001: Partido Social Cristiano, Partido Izquierda Democrática, Partido Roldosista Ecuatoriano y Partido Democracia Popular – Unión Demócrata Cristiana, mismos que fueron reemplazados por el PRIAN Partido de Renovación Institucional y por el Partido Sociedad Patriótica PSP, en las elecciones 2002, 2004 y 2006. Sin embargo también estos dos partidos han perdido su importancia electoral en las últimas elecciones, y se puede decir que a partir de los sucesivos triunfos de Rafael Correa desde el año 2007 ha colapsado el sistema de partidos del Ecuador.

El diseño institucional permitió la participación de numerosos binomios presidenciales, que varían entre 8 y 14 en cada una de las elecciones, mostrando la fragmentación política del país.

En los resultados legislativos ocurre algo parecido, los legisladores provienen de muchos partidos, lo que le dificulta al ejecutivo realizar alianzas y gobernar con respaldo legislativo. En muy contadas ocasiones y especialmente al inicio del mandato presidencial el candidato ganador ha encontrado algún partido pequeño con quién aliarse, y lo ha hecho, más por contar con un socio, que por la fuerza legislativa que tiene ese aliado. Antes de las elecciones de medio período (cada dos años) el o los socios se abren de la alianza y le dejan solo al ejecutivo, que para conseguir la aprobación de sus propuestas de leyes utiliza la figura del veto presidencial y llega a acuerdos puntuales con uno o más partidos sobre el contenido de la ley tratada.   

Sólo un pequeño porcentaje de la población de Ecuador se ha afiliado a algún partido político, ya que no es una condición necesaria para participar en política. Además, los candidatos ofrecen el oro y el moro en la campaña, promesas que no pueden cumplirlas, generando insatisfacción en los electores, que ya no les apoyan en la próxima elección. Con estas consideraciones la población permanentemente se encuentra desengañada de los políticos y busca nuevas alternativas, apoyando a nuevos personajes que le vuelven a ofrecen cambios y mejoras del nivel de vida, formando un círculo vicioso, que ha terminado con la confianza de los ecuatorianos en la política.

Otro de los problemas con que se enfrenta la democratización en nuestros países es la insatisfacción de la ciudadanía con los partidos políticos, que son esenciales en cualquier democracia liberal, ya que cumplen con las funciones críticas, como la de agregar y canalizar los intereses y demandas ciudadanas, y organizar la competencia política (Mainwaring y Scully, 1995). En el reporte de la serie Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, del año 2008, en Ecuador únicamente 22,6% de los entrevistados confía en los partidos políticos. Las causas para que exista desconfianza en los partidos podrían ser: las actitudes políticas, los comportamientos y las evaluaciones. Existen estudios que sugieren que los ciudadanos de América Latina perciben que las instituciones políticas tradicionales, como los partidos, no satisfacen sus necesidades.

Los datos del Barómetro de las Américas sugieren que los ciudadanos responsabilizan a los partidos políticos de lo que prometieron sus candidatos, sin importarles quienes son las personas que representan a esos partidos.

Otros aspectos que tienen gran impacto en la confianza en los partidos políticos es la creencia en la legitimidad del sistema de gobierno, y en el desempeño del gobierno  Este bajo porcentaje de credibilidad indica que los ecuatorianos desconfían de sus partidos políticos, y que un alto porcentaje ha manifestado que “la democracia puede existir sin partidos políticos”. Como prueba de ello podemos citar que en la elección del año 2006, los tres binomios más votados surgieron de fuera de los partidos tradicionales (Gutiérrez, Noboa y Correa).

En general se puede decir que en Ecuador no han funcionado partidos de la oposición, como en otros países, en donde la oposición tiene un gabinete paralelo y mientras ejerce la oposición se prepara para gobernar; partidos que presentan un plan de trabajo mínimo y lo depuran mientras el partido triunfador está en el gobierno.   

Los partidos de la oposición tampoco hacen nada para presentar opciones democráticas al pueblo, ya que se oponen a todo lo que hace el gobierno, para ellos todo está mal hecho.

Lamentablemente no existe un punto medio entre estas dos opciones extremas, ni siquiera dialogan o se ponen de acuerdo en políticas de Estado básicas. Da la impresión que la oposición desea que el gobierno falle para tener opción en la futura elección, sin considerar que si falla el gobierno es el país el que no avanza y su gente la que sufre.

 

4. Rendición de Cuentas Interinstitucional

4.1 Relaciones Ejecutivo – Legislativo

En poquísimas ocasiones el Ejecutivo ha contado con mayoría propia en el Congreso Nacional, tal vez en la Asamblea que preparó la Constitución del 2008, y en la Asamblea Nacional del 2009. En los años restantes el Ejecutivo no ha contado con mayoría en la Asamblea Nacional, generándose pugnas entre los dos poderes, situación que no ha permitido una relación y funcionamiento adecuados.

Ante propuestas para crear o modificar leyes, no ha existido un verdadero análisis ideológico, jurídico y económico por parte de las Funciones intervinientes, en su mayor parte ha incidido el aspecto político. Si a esto añadimos la permanente campaña electoral de los asambleístas, que deben dedicar parte de su tiempo a participar en nuevas elecciones para ser reelectos, descuidando sus dos principales funciones de legislación y fiscalización.

Además, el Ejecutivo constantemente ha utilizado su capacidad de colegislador, para plantear nuevos proyectos de ley y especialmente para vetar total o parcialmente proyectos aprobados por el Legislativo.

  

En general las coaliciones políticas son muy frágiles dentro de los mismos partidos políticos, lo que debilita la formación de mayorías legislativas. Cuando algún partido o movimiento pequeño se ha unido al Ejecutivo, lo hacen sólo al inicio del período presidencial, y se retiran con la proximidad de las nuevas elecciones, pues asumen que ser aliado del Gobierno de turno es un mal negocio en términos de resultados electorales.

Tampoco ha existido una fiscalización seria, todo depende de la mayoría imperante en el Legislativo, en un período legislativo puede existir constantes juicios políticos o ninguno.

4.2 Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional

“La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces elegidos para un término de nueve años. Serán renovados por tercios cada tres años, conforme lo estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estos son elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento de oposición y méritos. No son susceptibles de reeleción”[6]